MASACRE EN ACTEAL
El Consejo de Seguridad Pública Estatal,
controlado por Mario Renán Castillo, articuló los grupos paramilitares
El crimen de Acteal fue parte de una
guerra no declarada pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública
Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales. Bajo una
lógica militar ahí se decidían programas e inversiones en las zonas indígenas.
El gobierno alentaba o creaba
artificialmente conflictos de tierra, políticos o religiosos para enfrentar a
las comunidades y así justificar la intervención militar.
El consejo, dirigido en los hechos por la
Séptima Región Militar, bajo el mando del general Mario Renán Castillo, creó en
septiembre de 1997 los comités de seguridad pública en las comunidades de
Chenalhó, integrados con los miembros de los grupos armados antizapatistas.
Protegidos por la policía estatal y por el
Ejército, estos comités establecieron un régimen de terror, al tiempo que
promovían los programas y repartían la ayuda estatal y federal.
El experimento paramilitar comenzó en la
zona norte en 1995, con Paz y Justicia, luego se exportó a los Altos y a la
selva.
El secretario ejecutivo del Consejo de
Seguridad, Jorge Hernández Aguilar, además de borrar las huellas de la masacre
de Acteal, encabezó múltiples ataques a pueblos zapatistas. Incluso disparó
desde un helicóptero en San Pedro Nixtalucum, en marzo de 1997. De esta manera,
el gobierno “construía” la paz en Chiapas, sembrando polarización social y
terror.
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